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sábado 25 mayo 2019
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Deudas educacionales ya no irían a DICOM: aprueban idea de legislar

*Deudas educacionales ya no irían a DICOM: aprueban idea de legislar*

La moción tiene por objeto impedir que la morosidad en el cumplimiento de
deudas educativas, pueda constituir un punto negativo en los antecedentes
comerciales o financieros de una persona y que incluso, perjudiquen las
postulaciones laborales.

Por mayoría (24 votos a favor y 5 abstenciones
)
la Sala respaldó en general el proyecto de ley en primer trámite
constitucional, que modifica la ley N° 19.628, sobre protección de la vida
privada, con el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas
contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles. De
este modo, se recibirán indicaciones hasta el* lunes de 10 de junio* en la
Comisión de Educación.

La moción, que fue presentada por los senadores *Yasna Provoste, Juan
Ignacio Latorre, Carlos Montes* y *Jaime Quintana*, tiene por objeto
impedir que la morosidad en el cumplimiento de deudas educativas, pueda
constituir un punto negativo en los antecedentes comerciales o financieros
de una persona, que lo inhabiliten para acceder a otros tipos de créditos,
como los de consumo o hipotecarios, entre otros, frustrándose con ello, la
posibilidad de alcanzar un bienestar social necesario; todo ello fundado en
que el actual sistema de financiamiento educativo, obliga a las personas a
asumir personalmente deudas para acceder a un derecho que la Constitución
encomienda al Estado garantizar.

Durante el debate, si bien la mayoría de los legisladores estuvo por apoyar
la idea fundamental de la iniciativa, senadores de oposición mostraron sus
aprensiones por la redacción de la norma que podría abrir la interpretación
también a «cualquier deuda» en materia de educación.

Al respecto, el senador *Juan Ignacio Latorre*
manifestó que el texto “recoge un
anhelo muy sentido (…) Creemos que este proyecto, que es muy simple, va en
la línea de la reparación, muy en lo simbólico, porque estar en DICOM
genera un estigma social”.

“Nos asiste la plena convicción de que la educación es un derecho y no una
industria o un bien de consumo”, afirmó la senadora *Yasna Provoste*
. “Más de 180 mil personas se
encuentran en DICOM”, evidenció y acotó que esto dificulta a las personas a
acceder a fuentes laborales.

Luego, el senador *Álvaro Elizalde*
coincidió
con la propuesta, pero advirtió “que el tema de fondo es cómo avanzamos en
la gratuidad y cómo garantizamos la educación como un derecho”. El
legislador manifestó que ha sido positivo el acceso a la educación, pero
“lo negativo es el costo y el endeudamiento familiar”.

A su turno, el senador *José García Ruminot*
anunció su respaldo a la idea de
legislar, “porque tiendo a estar de acuerdo con que no se informen las
deudas por el crédito solidario, con aval del Estado, porque son
estudiantes cuyas familias han tenido que acreditar su situación (…)”, pero
cuestionó que se abra paso “a cualquier deuda”, aludiendo a las de carácter
particular.

La senadora Isabel Allende se
mostró favorable a esta iniciativa que permite poner el foco en la
educación pública y los estudiantes. Por lo mismo, la calificó como «una
potente señal de que la educación no es un bien de consumo y no debe ser
para que se discrimine”.

Por último, el senador Rodrigo Galilea
justificó su abstención afirmando
que si bien comprende el sentido del proyecto porque las deudas en
educación requieren un tratamiento especial, pero la redacción de la frase
final “abre una compuerta a cualquier deuda con fines educaciones y eso me
parece una modificación relevante”.

PROYECTO

El texto legal propuesto incluye entre la información personal protegida, y
que consecuentemente los responsables de los registros o bancos de datos no
podrán comunicar bajo ninguna circunstancia, todos aquellos antecedentes
que digan relación con las deudas contraídas por una persona con
instituciones de educación superior en el marco de las normas del Fondo
Solidario de Crédito Universitario; ni las deudas contraídas con bancos o
instituciones financieras de conformidad a la ley que creó el Sistema de
Créditos para Estudios Superiores (deudas CAE); o en el marco de las líneas
de financiamiento a estudiantes para cursar estudios en educación superior,
administradas por la Corporación de Fomento a la Producción; ni cualquier
deuda contraída con la finalidad de recibir para sí o para terceros un
servicio educacional en cualquiera de sus niveles.


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