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miércoles 23 octubre 2019
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Fortalecimiento de la función pública: concluye análisis del proyecto que evita conflictos de interés y regula el paso desde el sector público al privado

*Fortalecimiento de la función pública: concluye análisis del proyecto que
evita conflictos de interés y regula el paso desde el sector público al
privado*

La Comisión de Gobierno terminó con el estudio del articulado del mensaje
que norma el ingreso a la administración pública y especifica inhabilidades
e incompatibilidades para ello.

Tras casi un año de arduo análisis, la Comisión de Gobierno,
Descentralización y Regionalización
<www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=comisiones&ac=ficha&id=185&tipo_comision=10>,
concluyó la votación del articulado del proyecto de ley, en primer trámite
constitucional, *que fortalece la función pública previniendo los
conflictos de interés y regulando el tránsito desde el sector público al
privado*.

Antes de despachar el mensaje a Sala -por acuerdo de los senadores- el
texto será revisado por la Secretaría de la instancia parlamentaria, para
concordar cada norma y sus respectivas referencias.

Así, tal como se destacó durante la tramitación, se avanza hacia mayor
transparencia en la administración pública, en donde se incorporan
requisitos especiales para ingresar a cada servicio, procurando que el
parentesco no sea una condición de ventaja y prime el mérito personal y la
idoneidad profesional del postulante.

MODERNIZA
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Además, moderniza la legislación y extiende las restricciones a los
convivientes civiles, tal como lo hace con los cónyuges; además de eliminar
la palabra “adoptados” en el caso de parentescos.

En términos generales se especifica que entre las barreras de entrada está
la afinidad y la consanguineidad, quedando como línea de corte el tercer
grado, para ambos casos.

En las regulaciones sobre post empleo, se establece un año como prohibición
para ejercer la actividad del lobby, mismo tiempos que se contempla para
otras actividades que puedan tener conflicto de interés.

Además, se considerará en las restricciones hasta el tercer nivel
jerárquico o que perciba una renta promedio similar al cargo.

Sobre el incumplimiento, las multas pecuniarias irán desde las 100 a las
1500 unidades tributarias mensuales para las personas y desde las 100 hasta
las 300 unidades tributarias mensuales para las empresas que contrate.

Durante la tramitación en particular el Ejecutivo hizo extensible las
restricciones para las Fuerzas Armadas y de Orden y se acordó que los
reglamentos se deberán dictar durante los 3 meses de publicada la ley.

Para las FF.AA. se consideró que las personas que hayan desempeñado
actividades como oficiales generales de las Fuerzas Armadas y niveles
jerárquicos equivalentes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, no
podrán integrar directorios ni prestar ningún tipo de servicio, gratuito o
remunerado, ni adquirir participación en la propiedad de entidades privadas
que estén inscritas en cualquiera de los registros de proveedores,
extendiéndose a organismos internacionales.

Cabe precisar que la docencia NO está incluida entre las actividades con
restricciones.

MÁS TRANSPARENCIA Y PROBIDAD

El presidente de la Comisión de Gobierno, senador *Juan Pablo Letelier*,
recordó que este proyecto pretende “dar más transparencia y garantías de
probidad en la función pública, tanto al momento de ingresar en el sector
público, cuando uno está trabajando en el sector público y cuando se retira
del sector y partió por el debate de parentesco, o nepotismo como le han
llamado otros”.

El legislador dejó constancia que lo que más debate generó fue la salida
del sector, “porque este es un proyecto que aborda a toda la administración
pública. En general hemos llegado a un muy buen acuerdo, después de un
debate que es bastante árido, *para asegurar que en nuestra administración
pública tengamos más transparencia, más probidad, más garantías de que no
va a ver tráfico de influencias, no va a ver pitutos, no va a ver nepotismo
y que uno tenga la garantías de que las personas que se contraten acceden
por mérito*”.

“Y los que se van –agregó- después de ser ministros, subsecretarios o jefes
de servicio, no van a estar al día siguiente en directorios de empresas que
antes ellos fiscalizaban”.

REGULAR EL DEBIDO ACTUAR
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La senadora Luz Ebensperger reconoció que ha sido un trabajo arduo y que
han primado los acuerdos. “*Esperamos que sea un aporte a todo lo que es la
administración pública y las distintas autoridades; y también una señal de
tranquilidad a toda la sociedad civil*, entendiendo que estamos sacando
leyes adelante que van a regular el debido actuar de todos los funcionarios
públicos, los de más alta categoría, de las autoridades. (…) Aquí no se
prohíbe nada, sino que se regula y se ponen condiciones. Es una primera
señal que esperamos sea la correcta y que esta ley funcione bien”, señaló.

La legisladora detalló que entre las regulaciones está “la menare en que
los funcionarios y otras autoridades pueden o no pueden actuar, una vez que
se retiran de la administración pública; es decir que un determinado
funcionario que ha tenido gran relevancia o importancia en sus funciones,
no podrá ir a trabar (por un periodo que la ley determina) a una empresa en
que ese conocimiento privilegiado pueda beneficiar a esa empresa”.

Tras la votación, el Ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel manifestó la
importancia de avanzar con la legislación, que es parte de la Agenda de
Integridad Pública y Transparencia, “que *regula de mejor manea y de forma
más estricta el tránsito del sector público al privado y del privado al
público, se establecen normas de inhabilidad, periodos de enfriamiento. Es
un avance valioso, esta es una política de Estado*”.

“El principal cambio –detalló- tiene que ver con que se establece una
regulación para el ingreso del sector público, en particular para quienes
sean familiares de autoridades de gobierno, lo que se conoce como nepotismo
y se establece una regulación en función del mérito y la trasparencia.
Nosotros no queremos prohibirlo en principio, pero queremos ser muy
exigentes en la materia. Que ser parientes no sea una carga, pero tampoco
sea un beneficio, sino que quienes estén en la función pública sea por sus
méritos”.

Blumel agregó que también hay restricciones para ciertos cargos a quienes
realizaron lobby. “En principio no le ponemos una connotación negativa a
realizar lobby, pero sí creemos que quien realizó gestión de intereses debe
estar impedido, por un tiempo, de ingresar a ciertos cargos, porque esa
gestión puede afectar el interés público”.

Por último dejó constancia que se establecen normas más exigentes para los
mismos parlamentarios y para la contratación y las compras que hace el
Estado, “de forma tal que el interés general es lo que prima, por sobre el
interés particular”, sentenció.

TEMA PENDIENTE
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Pese a los acuerdos, el senador Letelier dejó constancia de que, a su
juicio, un tema no quedó adecuadamente resuelto, refriéndose a la
recontratación de las FF.AA.

El legislador hizo presente que el mencionado personal, tiene jubilaciones
cercanas a su sueldo, “que no es precisamente equivalente al sueldo mínimo,
por lo que no parece justo que vuelvan a ser recontratados por alguna
institución del Estado, con un nuevo sueldo (…) pagado por todos los
chilenos”.

Vía indicación el parlamentario propuso regular esta situación; sin embrago
no prosperó, por lo que adelantó que la materia la llevaría a la discusión
de Sala. “Creo que para los chilenos y chilenas es evidente que un doble
pago no corresponde (…) Hay que buscar fórmulas para evitar este doble
sueldo”, remató.

A CONSIDERAR
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Establece la inhabilidad para desempeñarse como Ministro, Subsecretario,
jefe superior de servicio o directivo superior de un órgano u organismo de
la Administración del Estado, respecto de quienes hayan realizado
actividades como lobbysta, ante el organismo al que pretenden ingresar, en
los *12 meses antes de su nombramiento.*

Prohíbe a las personas que hayan ejercido altos cargos en entidades
estatales, dentro del año siguiente a la cesación en sus funciones, prestar
cualquier tipo de servicios, gratuito o remunerado, ni adquirir
participación en la propiedad de entidades privadas que hayan estado
sujetas a la fiscalización de instituciones fiscalizadoras vinculadas con
el organismo o institución en la que laboraban.

Con respecto al Congreso Nacional, prohíbe el nombramiento, designación o
contratación, de personas unidas por vínculos de parentesco o afectividad
con Senadores, Diputados, Secretarios de ambas Cámaras u otros funcionarios
que tengan poder de decisión en dichas contrataciones, mientras dichas
autoridades se encuentren en ejercicio de sus cargos; y establece que, una
vez que hayan cesado en sus funciones, los ex diputados y ex senadores
tendrán prohibido realizar lobby o gestión de intereses particulares, por
un período de un año.

En la misma línea se precisó como barrera de entrada que no podrán
desempeñar las funciones de Ministro, Subsecretario, jefe superior de
servicio ni funcionario hasta el tercer nivel jerárquico de un órgano de la
Administración del Estado, los lobistas inscritos en el registro, que hayan
realizado lobby ante sujetos pasivos de la misma institución respecto de la
cual pretende ingresar, dentro de los doce meses anteriores a su
nombramiento.

Respecto del uso de las asignaciones parlamentarias y fuentes de ingreso,
dispone que los parlamentarios no podrán recibir remuneraciones ni
honorarios profesionales provenientes de fuentes distintas de la dieta que
reciben durante el periodo para el que fueron electos, salvo por funciones
docentes, por hasta un máximo de 12 horas semanales y reafirma el destino
exclusivo para el ejercicio de la función parlamentaria que poseen las
asignaciones parlamentarias.




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